En 1696, el presidente del tribunal de la Real Audiencia de Guadalajara, en la Nueva Galicia, respondía a una solicitud urgente de información que le había sido dirigida poco tiempo antes por el monarca. Esta solicitud concernía a un asunto juzgado alrededor de 1688, en el cual figuraba, en calidad de testigo, un individuo descrito como morisco de nación. Cuando las actas del juicio habían llegado a los funcionarios del Consejo de Indias en Madrid, su reacción había sido a la altura de su sorpresa: ¿por cuáles medios y por cuáles razones un hombre de esa condición (es decir, un cristiano de origen musulmán, en el sentido castellano del término) había logrado transportarse hasta las Indias? ¿Cómo había podido contravenir todas las disposiciones legales de la corona que apuntaban justamente a preservar las Indias de la herejía que los hombres de esta suerte eran considerados como portadores? La solicitud del monarca especificaba así que una vez que el individuo hubiera sido identificado y las circunstancias de su presencia en las Indias elucidadas, se debían de emplear todos los medios para desterrarlo lo más pronto posible.